Se
ha calculado que, en los países que están en desarrollo, hay 222
millones de mujeres y de niñas, que no buscan quedarse embarazadas;
pero, no tienen acceso a los anticonceptivos y a la información ya
los servicios necesarios, para ello. Estamos ante algo que es un
hecho: el acceso a la anticoncepción moderna es un derecho
fundamental, de todas y cada una de las mujeres, en todo el mundo.
Pero, este básico derecho debe ir acompañado de una necesidad de
aprender a respetar hacia la dignidad de la mujer, a que hay que
proporcionar una serie de opciones, tanto en la planificación
familiar y que tenga una verdadera libertad de elección. Para poder
conseguir esto, una de las medidas que se hay que tomar es aumentar
el número de profesionales sanitarios, que deben estar cualificados,
capacitados y autorizados, para poder prestar servicios de
planificación familiar, ya que nos encontramos con 57 países que
están viviendo una “crisis de este personal sanitario”. Por otro
lado, se propone que la planificación familiar sea un componente
básico de los servicios de atención sanitaria, a lo largo de la
época prenatal, de manera inmediata, tras un aborto o un parto.
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